EL MEDICO INTERACTIVO

24 octubre 2015

 

Rebelión en la enfermería

María Valerio

 

"Será necesario que el correspondiente profesional prescriptor haya determinado previamente el diagnóstico y la prescripción". Esta frase en el artículo 3 del Real Decreto que aprobó el Gobierno para regular la llamada prescripción en enfermería ha encendido los ánimos del colectivo, que se siente engañado por el ministro Alfonso Alonso y amenaza ya con movilizaciones.

 

La posibilidad de que los enfermeros puedan administrar algunos fármacos con respaldo legal (desde vacunas hasta heparina o un simple paracetamol) está sobre la mesa desde que el Congreso de los Diputados aprobase en 2009 por unanimidad la modificación de la Ley del Medicamento para dar cabida a una vieja reivindicación de este colectivo de 270.000 profesionales. Que no ha sido fácil lo demuestran los seis años transcurridos y las sucesivas modificaciones que ha ido sufriendo el texto para intentar hacer encaje de bolillos entre las reivindicaciones de los enfermeros, sin pisar competencias de los médicos.

 

Después de reunirse con la Mesa de la Profesión el martes, el ministro compareció a finales de semana junto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para presentar un texto que "da seguridad" al trabajo de los enfermeros y "refuerza las garantías de que sus cuidados se pueden llevar a cabo en las mejores condiciones. Se han dado casos de inhabilitación de enfermeros por prescribir un fármaco que no está sujeto a prescripción médica (como un paracetamol) y que no ha perjudicado la salud del paciente. Por tanto, "con esta normativa se evita que vuelvan a ocurrir casos de este tipo", zanjaba el ministro.

 

Alonso hacía equilibrios en la rueda de prensa al asegurar que el decreto de prescripción de enfermera no supone una "merma competencial" para los médicos, ya que "prescribe quien diagnostica", y explica que seguirán siendo los médicos los encargados de hacer el seguimiento de lo prescrito.

 

Pese a que el titular de Sanidad defendía que el Real Decreto había sido acordado tanto con el Foro de la Profesión Médica como con los representantes de la enfermería, estos no tardaban en salir a desmentirle. En un comunicado conjunto, el sindicato Satse y el Consejo General de Enfermería criticaban el requisito de que los pacientes deban tener una receta previa del médico antes de que intervenga el enfermero, lo que en la práctica, por ejemplo, haría inviable la actual campaña de la gripe (que administran directamente en enfermería).

 

"Este no es el texto acordado tras años de negociación", aseguraba un portavoz de Satse, mientras que el presidente del Consejo, Máximo González Jurado, calificaba de "cacicada de un Gobierno en manos de la ultraderecha" el Real Decreto y anunciaba que irán a los tribunales para anularlo y que estudian incluso denunciar al ministro del ramo, Alfonso Alonso, por prevaricación. De él ha dicho también que "no ha tenido la valentía" de informarles de que "se iban a cargar el Real Decreto" en la reunión que mantuvieron este martes. Un portavoz del Ministerio de Sanidad, por su parte, negaba "que se haya roto lo pactado" y aseguraba "que se ha cumplido escrupulosamente lo acordado".

 

El nuevo texto legal también contempla la necesidad de una acreditación profesional en el plazo de cinco años que hasta la fecha ya han adquirido 140.000 enfermeros mediante los cursos necesarios. Otros 274.000 tendrán que hacerlo todavía antes de poder indicar fármacos.